Publicado el 22 septiembre, 2021 por El sónar
La idea de que la escuela pública es igualitaria y la escuela privada discriminatoria es un cliché arraigado en España y en otros países europeos. La primera sería el reino de la equidad, sin barreras socioeconómicas de acceso por su total gratuidad, con una mezcla social garantizada al no poder seleccionar a sus alumnos. Por el contrario, la enseñanza privada –también la concertada– sería un obstáculo a la equidad, ya sea por sus tasas o sus políticas de selección del alumnado. De ahí que para mejorar la equidad, habría que obligar a los colegios privados a seguir las mismas reglas que los públicos.
Por salirnos de la polémica española, puede venir bien atender a lo que pasa en Francia. Con un sistema escolar centralizado, ampliamente público (la privada escolariza al 17% de los alumnos frente al 33% en España), donde los estudiantes se reparten en función del mapa escolar basado en el domicilio, y la adscripción de profesores no depende de los directores de los colegios, podría pensarse que tiene todas las bazas para ser una escuela igualitaria. Y, sin embargo, todo el mundo coincide en que ocurre lo contrario.
Un reciente editorial de Le Monde, con motivo del comienzo de curso, reconoce algo que es bien sabido: “Francia es uno de los grandes países desarrollados en los que el origen social más pesa sobre los resultados y las trayectorias escolares”. Las diferencias de resultados entre los alumnos de barrios populares y de barrios acomodados, entre los provenientes de la inmigración y los de origen francés, entre los de padres con poca formación y los de padres universitarios, es manifiesta y persistente. Ningún gobierno, ni de izquierda ni de derecha, ha conseguido rellenar esa brecha, aunque se han intentado diversas fórmulas.
La igualdad teórica de la red pública queda desmentida por hechos tenaces. Todo el mundo sabe que algunos centros públicos son de gran calidad, mientras que otros –sobre todo en barrios conflictivos– están muy por debajo. Y los padres más formados conocen mejor las triquiñuelas para que sus retoños consigan plaza en el centro deseado. El resultado, según Le Monde, es que “cerca del 80% de los alumnos del 10% de los centros superiores más selectivos son hijos de cuadros directivos y de profesores”.
Desde el punto de vista de la equidad, España está en mejores condiciones. La diferencia de desempeño entre los estudiantes más favorecidos y desfavorecidos es algo menor que la media de la OCDE, según los informes PISA. Sin embargo, la falta de excelencia educativa es negativa en sí misma y puede afectar a la equidad, porque indica una nivelación por abajo.
Más que buscar la excelencia en todo tipo de centros, la última reforma de la llamada ley Celaá se centra en igualar las reglas de la admisión de alumnos entre centros públicos y concertados, pero sin igualar la financiación ni cubrir gastos que en la red pública están subvencionados por el Estado (transporte, comedor, construcción de instalaciones…). De este modo, el propio Estado es responsable de al menos parte de la segregación de la que acusa a la escuela privada, ya que la necesidad de cubrir los costes reales dificulta el acceso a familias con menos recursos.
Por no hablar de que, terminada la educación obligatoria, en la mayor parte de las comunidades autónomas el Estado deja de financiar a los alumnos de la enseñanza concertada. Al pasar al bachillerato, el alumno de menos recursos de la enseñanza concertada tendrá que dejarla por no poder pagar, y deberá pasarse a un colegio público. Después de tanto insistir en que la enseñanza concertada esté abierta a todo tipo de alumnos, ¿ya no importa la “segregación” en el bachillerato?
Es claro que en la enseñanza concertada el nivel socioeconómico de las familias es más alto que en la pública, pero difícilmente puede ser de otro modo dadas las condiciones de la financiación y el peso que la ley da al domicilio en los criterios de admisión. Cuando un colegio concertado está situado en un barrio más popular, también en él predominan los hijos de familias del entorno.
Se dice que nueve de cada diez colegios que están en zonas pobres son públicos. Pero esto es un efecto más de las diferencias entre la España vaciada y la otra. Los colegios privados y concertados suelen estar en las ciudades, que es donde pueden encontrar suficiente clientela potencial. Y también en las ciudades las diferencias de renta son más acusadas.
Pero, aunque en el conjunto de la enseñanza pública haya más diversidad socioeconómica entre el alumnado, también en este sector hay colegios públicos de familias acomodadas y colegios públicos de pobres. En esto influye la segregación residencial, pues si la elección del domicilio depende del poder adquisitivo, al elegir un colegio público cercano tampoco habrá mucha mezcla social. Las propias familias prefieren muchas veces que sus hijos vayan a un colegio público con hijos de otras familias de similar nivel. Y no por afán segregador, sino porque también está comprobado que los colegios con alumnos de clases medias y altas obtienen mejores resultados.
El objetivo de evitar que el rendimiento educativo dependa del origen social es importante y no puede ser abandonado. Lograr que en el colegio haya una mezcla social es valioso, para aprender a vivir juntos y para crear un caldo de cultivo que estimule la ambición escolar de los alumnos desfavorecidos. Pero, precisamente porque es importante, hay que buscarlo tanto en la enseñanza pública como en la privada.